La
discapacidad desde una perspectiva socio-política, basada en postulados del
denominado Modelo Social de la Discapacidad. (Hunt, 1966; UPIAS, 1975, 1976;
Finkelstein, 1980; Oliver, 1983, 1990), se caracteriza y surge a partir de la
crítica a los enfoques exclusivamente biologistas y medicalizados de
interpretación de la discapacidad, los cuales asignan una mono-causalidad
biológica al fenómeno y lo conciben como una condición y problema individual,
consecuencia de una enfermedad.
En
esta línea, la discapacidad es reconceptualizada a partir de su diferenciación
del concepto de deficiencia: la deficiencia alude a una condición biológica
caracterizada por la carencia parcial o total de una estructura o función
psicológica, fisiológica o anatómica, mientras que el concepto de discapacidad
hace referencia a las limitaciones en la actividad y las restricciones en la
participación generadas por contextos y entornos pensados, diseñados y
construidos según parámetros convencionales y estereotipos de “normalidad”, que
no contemplan la diversidad inherente a la condición humana.
Concebir
la discapacidad desde esta perspectiva significa entenderla como una situación
construida socialmente, una creación humana que todos los actores sociales
producen día a día a partir de actitudes, acciones y omisiones fundadas en la
naturalización de criterios de “normalidad”. De este modo, se trasciende la
medicalización del fenómeno a través de la incorporación del ambiente físico,
social y actitudinal como factores determinantes, que se constituirán en
barreras o facilitadores, según limiten y/o dificulten la actividad y
participación de una persona, o la faciliten y/o mejoren.
Desde
este enfoque, entonces, la discapacidad se revela como una cuestión relacional
y relativa al ambiente, no como una etiqueta que porta y predetermina a una
persona.
Concebir
la discapacidad desde esta perspectiva significa entenderla como una situación
construida socialmente, una creación humana que todos los actores sociales
producen día a día a partir de actitudes, acciones y omisiones fundadas en la
naturalización de criterios de “normalidad”. De este modo, se trasciende a
través de la incorporación del ambiente físico, social y actitudinal como
factores determinantes, que se constituirán en barreras o facilitadores, según
limiten y/o dificulten la actividad y participación de una persona, o la
faciliten y/o mejoren. Desde este
enfoque, entonces, la discapacidad se revela como una cuestión relacional y
relativa al ambiente, no como una etiqueta que porta y predetermina a una
persona.
Por su parte, incorporamos la noción de
accesibilidad que no ha estado exenta de interpretaciones ambiguas o parciales.
Usualmente ha sido ligada de manera exclusiva al “acceso físico”
(modificaciones urbanas y en las edificaciones) por consiguiente, también se
considera necesaria su redefinición. Se
entenderá la accesibilidad como una condición, una cualidad, un requisito
básico que debieran cumplir los espacios, ámbitos, servicios, bienes, etc.,
para poder ser utilizables por todas las personas de manera: AUTÓNOMA, es
decir, en forma independiente, no subordinada al auxilio de otra. SEGURA, es
decir, libre de todo peligro o riesgo. CONFORTABLE, es decir, de manera cómoda
sin inconvenientes, obstáculos o restricciones en su uso. EQUITATIVA, o sea,
con equidad entendida como la cualidad que consiste en atribuir a cada persona
aquello que le corresponde por derecho.
De
este modo, la accesibilidad en sus dimensiones: arquitectónica, comunicacional, académica (incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y de
la comunicación), cultural, jurídica, académica; se constituye en un
requerimiento elemental para la inclusión social de las personas,
independientemente de su edad, género, etnia, opción sexual, religión,
características bio-físicas, etc.
Esta
Área de Accesibilidad y Discapacidad nace con el objetivo de trabajar por la
igualdad de oportunidades y la plena inclusión del estudiantado con
discapacidad en la vida académica de la Universidad Nacional de Chilecito, así
como la promoción de la sensibilización y concientizacióm de todos los miembros
de la comunidad.
La aplicación de la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad, ha requerido cambios normativos en
todos los países del mundo. En relación a la educación se ha garantizado a
través de las correspondientes leyes, un sistema educativo inclusivo, que
preste atención a la diversidad de las necesidades educativas del alumnado con
discapacidad mediante la regulación de los apoyos y ajustes necesarios. Los
nuevos marcos normativos han llegado también a la Universidad y al derecho de
acceso a la educación superior, aunque aún quedan retos pendientes y
necesidades de ajustes normativos y reglamentarios para garantizar el pleno
disfrute de la igualdad de oportunidades, tanto en el acceso a la educación
como en la promoción y la carrera académica e investigadora de los estudiantes
con discapacidad.

Asegurar el derecho de todas las personas a
la educación, implica adaptaciones en el Sistema para garantizar el acceso, la
promoción y el desarrollo del talento de las personas con discapacidad. El
objetivo que se plantea tanto en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, ambas aprobadas en el seno de la Organización de las Naciones
Unidas, que establecen la necesidad de que ninguna persona quede excluida del
sistema general de educación por motivos de discapacidad y que éstas también
tengan derecho a la educación superior, la formación profesional y el aprendizaje
durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las
demás.
Las
Universidades han de cumplir con el papel social que tienen encomendadas,
adaptándose a las nuevas realidades y necesidades sociales. En este sentido, deben responder a las nuevas
demandas que plantea la sociedad, entre ellas garantizar el acceso, ingreso,
permanencia y ejercicio de los derechos de todas las personas en condiciones de
igualdad. Para cumplir con este mandato de la Declaración, en general, y de la Convención,
en particular, se ha avanzado mucho en recursos y políticas para hacer
efectivos los derechos del alumnado con discapacidad.
Conseguir
universidades inclusivas supone, sin embargo, un reto constante e implica un
proceso permanente de cambios y adaptaciones.
Por eso es importante conocer esta realidad y poner sobre la mesa ideas,
estrategias y buenas prácticas.